Asociación Projuven entrevistó Andalucía Acoge. La Federación Andalucía Acoge nace en el año 1991 para dar una respuesta más eficaz e integral al entonces incipiente fenómeno de la inmigración, y se ha trazado como objetivo fundamental la construcción de una sociedad plural e inclusiva que garantice la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas residentes en España.
¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se debe enfrentar Andalucía Acoge en su trabajo como federación?
Andalucía Acoge, que este año cumple sus 25 años de existencia, siempre se ha caracterizado por ser una federación que ha trabajado bajo tres premisas fundamentales: protesta, propuesta y apuesta. Es decir, nuestra intención es denunciar todos aquellos hechos y situaciones que agreden la dignidad y los derechos de las personas migrantes, pero siempre bajo el principio de “hacer protestas con propuestas”. Entendemos que es necesario intervenir para cambiar la política y las prácticas sociales que dañan los derechos humanos y para ello, trabajamos en propuestas que desarrollan los derechos de la ciudadanía de las personas migrantes denunciando situaciones injustas y desarrollando programas que profundizan en la integración social y en los valores de la interculturalidad.
¿Cómo ve la sensibilización sobre el problema de los refugiados en España y qué programas lleváis desde Andalucía Acoge en este sentido?
Hay un aspecto preocupante que estamos advirtiendo, como es la distinción –nada inocente– que se está haciendo entre inmigrantes y refugiados. Se insiste en diferenciar a las personas refugiadas de los demás inmigrantes, justificando las muestras de apoyo con los primeros por el hecho de que huyen de situaciones de emergencia, que no tienen la intención de quedarse en Europa y que no vienen atraídos por el estado de bienestar. Es evidente que las características de vulnerabilidad y riesgo de quienes sufren persecución (no sólo en situaciones de guerra, sino también por cuestiones étnicas, religiosas, o de orientación sexual) les hacen acreedores de una protección especial, pero ello jamás puede ir en detrimento de los derechos de aquellas personas que buscan para sí mismas y para sus familias un futuro mejor.
No es casualidad que esta distinción aparezca en una Europa cuyas políticas migratorias tienden a no reconocer el derecho a migrar: políticas que se niegan a permitir la regularización de personas indocumentadas que no sean solicitantes de asilo, condenándolas a vivir en la clandestinidad, bajo la constante amenaza de ser detenidas, encerradas en un CIE y expulsadas a sus países de origen. La legítima e ineludible preocupación por la situación de las personas refugiadas no nos puede hacer olvidar que también tenemos la obligación de reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas inmigrantes.
Esta situación, sin embargo, no nos hace olvidar que estamos ante una grave crisis humanitaria y las medidas legales adoptadas por Europa están lejos de una política respetuosa con los derechos humanos. Así lo demuestra el reciente acuerdo de UE- Turquía que no es más que la externalización de la gestión migratoria de las obligaciones que la UE debería cumplir según la Convención de Estatuto de los refugiados firmado en Ginebra. España debe asumir sus compromisos de protección internacional de manera inmediata.
Andalucía Acoge está implicada con la realidad de las personas refugiadas y trabajamos en Melilla facilitando la primera acogida a las personas que llegan a España a través de la frontera con Marruecos que, en gran parte, son personas refugiadas. Asimismo vamos a poner en marcha una campaña de sensibilización e información acerca de la situación de las personas refugiadas y también ofreceremos el próximo año formación a profesionales de diferentes administraciones públicas y entidades sociales en materia de protección internacional.
¿Qué cree usted que haría falta en España para poder favorecer la integración de los inmigrantes?
En general, es necesario avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Los retos en políticas sociales son aún muchos y hay personas que tienen mayor riesgo de exclusión social, fruto de las diferencias entre aquellas personas que viven en precariedad y quienes acumulan más de lo que necesitan. La integración de las personas migrantes será efectiva cuando tengamos una sociedad inclusiva.
Es necesario favorecer la creación de una mesa de diálogo local en la que estén representados el Gobierno, la sociedad civil y las organizaciones sociales que trabajan los derechos humanos y la inmigración. Apostamos por una gestión de la inmigración como fenómeno integral, que empieza en el origen, en los países de donde mayoritariamente llegan las personas migrantes.
En su opinión, ¿cómo se va a desarrollar en los próximos años la realidad de los refugiados y los inmigrantes en España?
Las personas migrantes y refugiadas son los nuevos vecinos que configuran una parte importante de la realidad española del siglo XXI. Además, su llegada es imprescindible para garantizar la sostenibilidad demográfica de la sociedad. Alrededor del 10% de los jóvenes españoles tiene un origen familiar perteneciente a otros países. Por tanto, la diversidad es una de las características de la España actual y se incrementará en el futuro.
Al mismo tiempo, las políticas europeas de los últimos años nos permiten preveer el recrudecimiento de las condiciones para llegar a Europa y con esto el incremento de las muertes y violación de los derechos humanos tanto de tránsito como en las fronteras.
Por último, nos preocupa que pese a que la sociedad española y andaluza ha demostrado madurez y capacidad de generar convivencia, los discursos xenófobos puedan generar una fractura social que nos perjudique a todos.
¿Qué tenemos que mejorar en el futuro para evitar los problemas de hoy?
Desde Andalucía Acoge tenemos la certeza de que la inmigración tiene que convertirse en un tema transversal. Ante los muros tenemos que encargarnos de construir puentes de convivencia entre todas las culturas para que así podamos vivir en valores de diversidad e interculturalidad. Es imprescindible el desarrollo de un modelo de ciudadanía inclusiva y responsable, basada en la interculturalidad y la justicia social. Por tanto, hacen falta políticas que garanticen los derechos humanos y favorezcan la convivencia.
